Difunden el proyecto de Ley para garantizar fondos a películas y producciones audiovisuales argentinas

A través de su representante del FPV/PJ, se dieron a conocer los lineamientos de un anteproyecto que se presentaría en Diputados.

Adjuntamos copia del Proyecto de Ley que restablece la plena vigencia, sin fecha de vencimiento, de la asignación específica de fondos para garantizar la producción de películas y producciones audiovisuales nacionales, presentado hoy por el diputado nacional Pablo Carro (FPV-PJ Córdoba), acompañado por sus pares Hugo Yasky, Carlos Castagneto, Gabriela Cerruti, Adrián Grana y Marcelo Santillán.

Carro propone revocar dos incisos de una ley tributaria, N° 27432 aprobada como complemento del Pacto Fiscal en diciembre de 2017 con un tratamiento express en ambas cámaras, que metió en una bolsa a los fondos  destinados al fomento de la producción audiovisual, junto a otros impuestos que tendrán fecha de vencimiento para su asignación específica el 31 de diciembre de 2022.

La propuesta surge de la profunda preocupación manifestada por productores, realizadores, guionistas, profesionales, técnicos y todos los trabajadores y trabajadoras vinculados al cine, la televisión, la radio, el teatro y la música. Estos sectores ven peligran el destino de los fondos con asignación específica primordiales para la política cultural nacional, que además de ir contra los fondos de promoción audiovisuales, impactarán también en el financiamiento de los Institutos Nacionales de la Música, del Teatro, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos y el funcionamiento de la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

Con los antecedentes de este Gobierno Nacional, que demoró y redujo la implementación de créditos y subsidios previstos por las Leyes vigentes, es imprescindible “sostener las genuinas e históricas fuentes de financiamiento de las actividades de las industrias audiovisuales y cinematográficas argentinas, que durante varias generaciones se han destacado por su capacidad de generar relatos de ficción y no ficción con calidad y reconocimiento internacional”, según los fundamentos del proyecto.

La norma tributaria que se proponen derogar, fue inspirada en principios ortodoxos de economistas ante el ajuste, y restringe a las Leyes de Fomento de la Actividad Cinematográfica N° 17.741, y de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, ambas vigentes.  Así, “aplicaron una visión extremadamente fiscalista, sobre cuentas que tienen una incidencia relativa muy menor sobre las ecuaciones de la política económica nacional pero que son extremadamente sensibles para un sector como el audiovisual, que es objeto de promoción desde los Estados Unidos hasta Turquía, desde Francia hasta Chile”.

Los legisladores del Frente para la Victoria destacan que debe defenderse “una política de estado en materia de promoción del cine, la televisión, el audiovisual y la radio en Argentina, que ha sido disponer de fuentes de financiamiento genuinas originadas en la propia actividad alcanzada por disposiciones tributarias, para reinvertir recursos en pos de fortalecer los productos identitarios de las industrias culturales de las y los argentinos.

Sucesivos funcionarios de Mauricio Macri, como los entonces Ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Cultura, Pablo Avelluto, o el ex presidente del INCAA Alejandro Cacetta,  en múltiples declaraciones públicas han sostenido la importancia vital de mantener activa la ejecución de los mencionados fondos. Pero al contrario, el gobierno de Mauricio Macri promovió limitarlos.

Persisten en la subejecución de recursos del Fondo de Fomento Cinematográfico derivado de la Ley 17741 por parte del INCAA, y en la subejecución del Fondo Concursable de Medios Comunitarios (FOMECA) por parte del ENACOM. Ambas situaciones han ameritado reclamos, tanto por la demora en los trámites de convocatoria, y la sustanciación de los resultados de las operatorias, como por la acumulación de remanentes que al no ser ejecutados consisten en un ajuste de hecho operado sobre actividades muy sensibles a la hora de enhebrar formas de financiamiento público-privadas que permitan llevar adelante los proyectos de largometrajes de ficción y documentales, series, programas de radio y TV entre otras producciones.

Respecto del FOMECA, entidades nucleadas en el Espacio InterRedes como las federaciones FARCO, CONTA, RNMA, AMARC y Red Colmena, más ARUNA, ARBIA Y la Red de Radios Rurales calculan una subejecución de arrastre que asciende a los $160 millones para proyectos presentados en concursos correspondientes a 2017, a lo que deben sumarse $300 millones que corresponden a 2018, ni siquiera abiertos a poco más de tres meses de finalizar el año, y deudas por decenas de millones correspondientes a diferencias entre los presupuestos y las erogaciones de 2015 y 2016.

El repudio por el impacto a mediano plazo que la medida sancionada dentro del paquete de la Ley 27432 puede causar en la comunidad del cine y el audiovisual ha sido tangible, y por eso los diputados del Frente para la Victoria proponen su reversión.