En una movida que busca sentar antecedente en la materia, la nueva Ley del Audiovisual presentada en España transpone la directiva europea de la materia, y que iguala a las compañías de video en web con las televisiones privadas en la producción del audiovisual.
El Gobierno español quiere que las plataformas y servicios de streaming contribuyan a la producción audiovisual nacional, como ya hacen las cadenas RTVE y las televisiones privadas tradicionales. Para ello, el Ejecutivo presentó el anteproyecto de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, que empieza su fase de audiencia pública, y que establece por primera vez que los “prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición” —como define a estas plataformas— tendrán que destinar un 5% de los ingresos generados en España a financiar cine y series europeos o, directamente, al Fondo de Protección de la Cinematografía del ICAA, una contribución que algunos llaman tasa Netflix.
De ese porcentaje, al menos un 70% deberá apoyar proyectos de “productores independientes” -definición en la que está parte de la batalla dada por la industria cinematográfica española- y al menos un 40% a películas de estos productores en español u otra lengua oficial de las Comunidades Autónomas. El mismo texto remite a la Ley del Cine para aclarar que con “película” se refiere a una obra “destinada, en primer término, a la explotación comercial en salas”.
De esta forma, las plataformas de series estadounidenses, cada vez con más presencia en el panorama audiovisual español, se suman a las cadenas de televisión privadas como Mediaset (Telecinco y Cuatro), Atresmedia (Antena 3 y La Sexta) y a los operadores de telecomunicaciones (Movistar, Vodafone y Orange) que ya están obligados a sufragar al cine español y a la televisión pública. En el caso de emisoras públicas, como RTVE, el porcentaje sube al 6%.
La mayor parte de las plataformas de vídeo bajo demanda estadounidenses que operan en España declaran solo un porcentaje mínimo de su facturación en el país, desviando el grueso de los ingresos a sociedades interpuestas radicadas en Estados con fiscalidad más favorable como los Países Bajos. En su primer ejercicio fiscal en España, en 2018, Netflix por ejemplo declaró unos ingresos conjuntos de unos 540.000 euros y terminó pagando apenas 3.146 euros de impuestos.
Los cálculos de la consultora Comparitech ofrecen un panorama muy distinto: Netflix sumaba 3,4 millones de suscriptores en España tras el primer cuatrimestre de este año, recaudando más de 106 millones de euros, según su análisis.
(Fuente: El Pais.com)
